Dos trabajadores murieron. El dueño enfrenta cargos de asesinato. El fiscal Steve Kunzweiler pide a la Legislatura y a la autoridad estatal que dejen de tratar la industria “como un negocio familiar”.
Una explosión en una planta de extracción de THC (marihuana medicinal) destrozó de madrugada un complejo comercial al oeste de Tulsa, mató a dos empleados y reabrió el debate más duro que enfrenta Oklahoma desde que legalizó la marihuana medicinal: quién vigila de verdad a quienes fabrican concentrados con gases inflamables.
El fiscal del condado de Tulsa,(ministerio público) Steve Kunzweiler, usó el caso para exigir reglas más estrictas, más inspectores y el cierre inmediato de operaciones que no cumplan. “Por más dinero que esta llamada industria aporte a la economía de Oklahoma, no es suficiente. Ahora hay gente que está muriendo”, dijo. “Si las vamos a presentar como medicina, debemos tratarlas como medicina”.
Qué pasó la madrugada del 27 de agosto
Poco después de la 1:14 a.m. del jueves 27 de agosto de 2026, la Policía de Sand Springs respondió a una explosión en el 411 South Lincoln Avenue, dentro del parque empresarial Morrow-Gill. El negocio era Solos Extracts LLC, una operación de extracción de THC.
El estallido levantó parte del techo, aplastó puertas y lanzó escombros por el complejo. Se sintió a 30 o 40 millas. Al menos 25 negocios vecinos quedaron dañados. Restos llegaron hasta un Planet Fitness cercano a Main Street. Una vecina que dormía en un tráiler dijo que el vehículo se sacudió.
Investigadores de la OSBI y de la ATF coinciden en el hallazgo preliminar: la detonación ocurrió durante un proceso activo de fabricación de marihuana, con solventes volátiles como propano o butano, usados para separar el THC de la planta.
En el lugar hallaron a Stephen Scott, de 28 años, muerto. A Michael Newman, de 41, lo llevaron al hospital en estado crítico. Murió después. Ambos trabajaban en la planta.
En la ambulancia, Newman alcanzó a hablar. Le dijo a un paramédico que el área no estaba bien ventilada, que desenchufó algo y el edificio explotó, y que otra persona seguía adentro. Según fuentes cercanas al caso, uno de los empleados vivía en el mismo edificio donde se manejaban materiales peligrosos.
El sospechoso y la teoría legal
El dueño señalado es Ryan Bassham, de 35 años, de Tulsa. Según la fiscalía, tomó control de Solos Extracts a principios de 2026, cuando el negocio pasaba de un dueño anterior a otro.
El 28 de agosto, la Fiscalía del Condado de Tulsa pidió su arresto por dos cargos de asesinato en primer grado cometido durante un delito grave (first-degree murder in the commission of a crime). El 30 de agosto se entregó, pagó una fianza de 2 millones de dólares (el 10 por ciento, 200 mil) y salió el mismo día. El 31 de agosto lo volvieron a detener, esta vez en el condado de Creek.
Oklahoma aplica la doctrina de felony murder: si alguien muere mientras se comete un delito grave, se puede acusar de asesinato en primer grado aunque no se haya disparado un arma. El argumento de Kunzweiler es que Bassham fabricaba sustancias controladas de forma ilegal porque, en el momento de la explosión:
- no figuraba como titular legal del negocio en la transición de propiedad;
- no tenía licencia vigente de la Oklahoma Medical Marijuana Authority (OMMA) a su nombre;
- no tenía registro vigente de la Oklahoma Bureau of Narcotics (OBN).
“Por lo tanto, como Bassham no poseía una licencia válida de la autoridad estatal ni un registro estatal estaba fabricando ilegalmente sustancias controladas peligrosas”, dice el affidavit.
La fiscalía dice que Bassham reservó un vuelo a Nueva York y que intentó salir de Oklahoma. Kunzweiler pidió que un juez lo deje sin fianza: “No hay fianza que vaya a mantener segura a nuestra comunidad, ni una fianza suficiente para garantizar que comparezca ante el tribunal”.
Bassham tiene presunción de inocencia. Hasta ahora no hay condena.
Lo que experto de incendios (fire Marshall) advirtió antes
El caso no empezó la noche de la explosión. El (fire Marshall) de incendios de Sand Springs, Mike Nobles, inspeccionó el local en enero de 2026 para un certificado de cumplimiento. Vio una cabina de extracción, un sistema de supresión de incendios desactualizado y efectos personales en el sitio. Ordenó que un contratista con licencia desconectara la cabina hasta una nueva inspección. En esa visita no vio propano ni gases peligrosos.
La semana anterior al estallido, Nobles ordenó cesar operaciones porque el negocio falló otra revisión. El subjefe de policía Todd Enzbrenner lo resumió así: “Básicamente les dijo que no podían trabajar hasta que corrigieran las irregularidades que listó, y no lo habían hecho”.
Cuando Nobles volvió después de la explosión, encontró grandes cantidades de propano líquido y equipo peligroso que no estaban en enero. Cree que lo instalaron después de la inspección.
Un dueño del local de al lado —también ligado a marihuana— dijo que dos meses antes alertó a Bassham por lecturas altas de dióxido de carbono. Se mareó al entrar a Solos Extracts. El affidavit indica que el negocio había estado casi inactivo varios años y que, unos seis meses antes, aparecieron personal nuevo, camiones y equipo.
La autoridad estatal reguladora de Marihuana OMMA, por su parte, ha dicho que en su última visita el sitio parecía inactivo y que no vieron actividad ilícita. Si la hubieran detectado, afirma la agencia, lo habrían cerrado, como en miles de otros casos administrativos.
Esa tensión —un inspector local que ordena parar y una agencia estatal que dice que el local se veía apagado— es el corazón político del caso.
El segundo frente: Kellyville y 1,330 libras
Un día después de pagar fianza en Tulsa, agentes de la OBN allanaron otra propiedad de Bassham cerca de Kellyville, en el condado de Creek. Decomisaron:
- unas 1,330 libras de marihuana procesada;
- unas 140 libras de “batter” o masa de marihuana;
- dos armas de fuego;
- evidencia, según las autoridades, de fabricación fuera del mercado regulado.
Allí enfrenta cargos de tráfico agravado, fabricación agravada y posesión de arma de fuego durante un delito grave. Quedó sin fianza en Creek. Kunzweiler también pidió revocar la fianza de Tulsa.
Lo que pide el fiscal, en concreto
En conferencia de prensa, Kunzweiler no se limitó al expediente penal. Pidió una revisión de fondo de cómo Oklahoma regula cultivadores y, sobre todo, procesadores que usan solventes explosivos.
A la Legislatura le pidió:
- volver a revisar las leyes de marihuana medicinal por seguridad pública;
- hacer un “deep dive” de este caso en la próxima sesión;
- recortar el espacio del mercado negro y de operaciones que producen más de lo que el estado puede consumir.
Al regulador estatal de marihuana OMMA le dijo, sin rodeos:
- dejar la excusa de “no hay recursos ni personal”;
- decirle al Congreso estatal cuánto cuesta de verdad inspeccionar y proteger a la gente;
- multar en el acto y cerrar hasta que el negocio cumpla.
“Quiero que la Oklahoma Medical Marijuana Authority haga su trabajo”, afirmó. “Si ven un problema, deben citarlos ahí mismo. Deben apagar la operación hasta que entre en cumplimiento”.
Comparó la industria con el Advil o el Tylenol: “¿Cuándo fue la última vez que oyeron que una industria médica explotara una planta y matara gente? Esas industrias están muy reguladas. Aquí operamos como si fuera un negocio familiar”.
También sostuvo que Oklahoma cultiva y fabrica mucho más de lo que los pacientes del estado pueden usar; que el excedente alimenta un mercado negro de exportación; y que hay redes extranjeras operando en el estado, incluidas organizaciones de China y cárteles mexicanos. Esas afirmaciones las presentó como parte del panorama criminal que, según él, rodea a una industria que nació como “médica” y se desbordó.
Kunzweiler recuerda que hace años advirtió que legalizar la marihuana como medicina iba a desatar un caos regulatorio. El estado ya recortó cultivadores licenciados de más de 9,000 a menos de 1,200 y mantiene una moratoria para nuevas licencias de cultivo. El fiscal insiste en que el eslabón más peligroso —las plantas de extracción con gases— sigue mal vigilado.
El contexto que importa a las familias
Oklahoma legalizó la marihuana medicinal en 2018. En pocos años se llenó de cultivadores, dispensarios y laboratorios de extracción. Para sacar aceites, ceras y destilados se usan, en muchos casos, gases que pueden convertirse en una bomba si el cuarto no está certificado, ventilado y con supresión de incendios al día.
La ley estatal prohíbe ciertos procesos con butano, propano o CO2 en espacios no autorizados. También exige certificado de ocupación y reglas de incendio. El affidavit de este caso sostiene que, en la práctica, esas reglas no detuvieron ni el cambio de dueño sin papeles ni el equipo peligroso que apareció después de la inspección de enero.
Para vecinos de Sand Springs, el debate no es abstracto: un parque de bodegas, un gimnasio a unas cuadras y dos hombres que fueron a trabajar de madrugada y no volvieron.
Qué sigue
La investigación conjunta de OSBI, ATF, Policía de Sand Springs y el mariscal de incendios sigue abierta. Bassham permanece detenido en Creek County por los cargos de tráfico y fabricación. La Fiscalía de Tulsa pide que también quede sin fianza por los dos asesinatos.
Un juez o un jurado tendrán que decidir si la doctrina de felony murder se sostiene: es decir, si fabricar sin la licencia correcta convierte esas dos muertes en asesinato en primer grado.
Mientras tanto, Kunzweiler ya adelantó el mensaje a Oklahoma City: si la industria quiere el estatus de medicina, debe aguantar el mismo tipo de inspección que cualquier fármaco que se vende en un estante. “Estoy pidiendo más”, dijo. “Y estoy cansado de las excusas”.
